En el 2008, en Cd. Juárez, sabíamos que los militares y la guerra, habían llegado para quedarse y para expandirse.
A pesar de que los miles de federales y militares que llegaron durante 4 años, ya no están, Ciudad Juárez es una ciudad militarizada, por la ausencia del estado de derecho y una impunidad aberrante, con la quinta parte (10 mil) de los muertos del país (50 mil) y los miles de daños colaterales que aumentan cada día y cada mes que transcurre la vida en Juárez. Transitando entre ser la primera o la segunda ciudad más peligrosa del mundo.
Los militares debilitados se fueron, los federales también salieron profundamente cuestionados, los delincuentes se quedaron y se empoderaron, y las y los ciudadanos nos quedamos, y hoy sabemos que somos el enemigo a vencer.
El resultado de la guerra y la militarización, ha sido y es: el miedo que camina al terror, la noción de saberse indefenso ante el poder policial y la seguridad de la ausencia de justicia.
De esto se encarga puntualmente, el director de Seguridad Pública Municipal, el teniente en retiro, Julián Leyzaola, que ha implantado en Cd. Juárez un régimen militar, en que todo se vale en la lucha contra los delincuentes, y cómo el mismo lo ha dicho, cuando se le reclama la arbitrariedad de sus agentes, que son cosas que pueden pasar y su deber es apoyar y defender a sus efectivos.
Las estadísticas ya no son noticia de primera plana, los muertos, conocidos o anónimos, ya no son tema de álgidas discusiones, porque todas y todos sabemos que los asesinatos y la muerte se quedaron en Juárez.
También se quedó en la vida cotidiana la noción de que en la guerra, todos somos sospechosos y sospechosas, y que con o sin evidencia, se puede ser sujeto de detención, y detención significa ser golpeado, involucrado, torturado, cargado con droga o armas y eso si, sin lugar a dudas, la foto saldrá en la prensa como parte de una banda criminal que las autoridades han capturado con éxito.
Bien lo pueden atestiguar los 29 detenidos en noviembre pasado que cometieron el delito de manifestar las ideas, de hacer uso del derecho a la libre asociación y del derecho a expresar el repudio, el dolor y el coraje de la injusticia por los asesinatos y desapariciones.
Así mismo, la maestra Tapia, que por tratar de ponerse a salvo de una balacera que creyó entre delincuentes y policías, los municipales le dispararon a su auto en marcha. A ella la detuvieron 48 horas, su hijo de 9 años recibió varios disparos. Lo han intervenido en 3 ocasiones por las lesiones que le provocaron pérdida de un dedo, de músculo y de movilidad en la mano, perforación de intestinos y lesiones en la cadera, que lo pueden dejar incapacitado de por vida, vida que apenas comienza. El alcalde manifestó que lo siente mucho y les entregó un cheque para pagar los gastos médicos primarios.
Al hermano de Paz del sector de Anapra, la tercera vez que los policías allanaron su casa, se lo llevaron, y al día siguiente lo presentaron con otros hombres, como parte de una banda de robo de autos en que utilizaban menores. No importó que el domicilio que reportó la policía fuera diferente de dónde lo sacaron, ni que no conociera a los menores involucrados, ni ellos a él, ni mucho menos a los supuestos cómplices, hoy está bajo investigación de un delito federal: delincuencia organizada, y posesión de drogas y armas.
También están los casos que no son noticia, como el de Antonio, trabajador que perdió un brazo en la trituradora de basura del tiradero municipal y hoy recoge botes y desperdicios para sobrevivir. A las 8 de la mañana que salió a “trabajar” lo levantó la policía porque estaban investigando un “caso especial”. Después de 4 horas de vueltas y de levantar mas personas, lo llevaron a la estación de policía, y sin especificar que había hecho, le pusieron una multa de 300 pesos, que no tenía, para poder salir. Hoy se pregunta: podré seguir saliendo?, tengo miedo que me vuelvan a llevar y ahí me dejen, pero si no salgo, de que vivimos.
La Ley de Seguridad Nacional, como en gran parte la pretendida reforma a la Ley del Trabajo, quiere convertir las condiciones de hecho en situaciones de derecho. En Juárez, como en gran parte del territorio nacional, ya vivimos esos abusos, ahora esa ley quiere legalizarlos.
También a nivel federal, se ha colocado a persona idónea que de continuidad a la estrategia de guerra y la militarización del país. La maestra Maribel Cervantes Guerrero en sustitución de Facundo Rosas, será la responsable de orientar y ejecutar la estrategia del gobierno federal para la prevención y el combate al delito federal en todo el país.
La maestra Cervantes cuenta con Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Está capacitada por las más destacadas agencias de seguridad a nivel internacional en materia de información, análisis operativo de la criminalidad, inteligencia, planeación estratégica, terrorismo, técnicas de investigación y policiales en España, Israel y Estados Unidos.
La argumentación de la Ley de Seguridad Nacional es ajena a la realidad de inseguridad, injusticia e indefensión que vivimos en el país.
La mayor parte de la población desconoce y difícilmente puede entender que significa que no hay paz absoluta ni guerra absoluta, no se le ha explicado que asuntos de política exterior, la ley pretende pasar de la cancillería a la Defensa, no hay explicaciones de que ha surgido un estado de “afectación” en que los cuerpos policíacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para responder efectivamente, como tampoco fue consultada para determinar que es necesario proteger al ejército y la marina.
La aproximación a los derechos humanos, por gran parte de la población, ha sido por la violación a los mismos. Las detenciones ilegales y arbitrarias, las acusaciones sin evidencia, los retenes, los allanamientos sin orden judicial, la tortura y el abuso de la fuerza y las armas por militares y policías, hoy bien se sabe que son violatorios de los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, no sólo consolida la violación sistemática a los derechos humanos en materia de seguridad pública, sabemos que la facultad conferida al ejecutivo federal será utilizada para que legalmente, las fuerzas armadas repriman cualquier movimiento de carácter político, laboral o social al considerarlos de peligro para la seguridad interior.
Y que la pretendida defensa de la seguridad nacional, será utilizada con todo su peso, contra las y los defensores de DH, contra los periodistas y todo manifestante de cualquier causa social y política.
No sólo es necesario cerrar filas contra la reforma, es imperante multiplicar acciones de información y discusión populares sobre las consecuencias que traería esta ley de aprobarse.
Dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones, restringir la circulación de mercancías y vehículos, realizar revisiones en calles y hogares, y obtener información de civiles bajo métodos castrenses, entre otras, no podrá desmantelar la estructura y las cúpulas de la delincuencia organizada y el narcotráfico, lo sabemos.
Lo que si logrará, será legalizar la represión ciudadana, inmovilizar a la población entre dos fuegos, el legal y el ilegal, sembrar mas muerte, mayor temor y ejercer mayor control, en que la vigencia y la defensa de los DH difícilmente sobrevivirán.
Al igual que el general Galván Galván hace unos días, también nosotras y nosotros necesitamos declarar a nivel nacional e internacional, que los derechos humanos en México, con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se encuentran seriamente amenazados.
Centro de Pastoral Obrera de Cd. Juárez
Elizabeth Flores
Febrero 14, 2012
